Ministerio de Educación

Educación de calidad para una sociedad más justa.

Las políticas para la Educación Técnico Profesional en Argentina

Los lineamientos, las estrategias y los programas llevados a cabo a partir del trabajo conjunto, de carácter federal, entre las veinticuatro jurisdicciones educativas y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica están orientados a:
  • Fortalecer, en términos de calidad y pertinencia, la educación técnico profesional para favorecer procesos de inclusión social y facilitar la incorporación de la juventud al mundo del trabajo y la formación continua de los adultos a lo largo de su vida activa, y responder a las nuevas exigencias y requerimientos derivados de la innovación tecnológica, el crecimiento económico y la reactivación de los sistemas productivos.
  • Desarrollar un sistema integrado de educación técnico-profesional que articule entre sí los niveles de educación secundaria y superior y éstos con las diversas instituciones y programas de formación y capacitación para y en el trabajo, en el marco de los requerimientos del desarrollo científico, técnico y tecnológico, de calificación, de productividad y de empleo.
  • Dar respuesta a la necesidad de otorgar a la educación técnico profesional una identidad como modalidad del sistema educativo, significar su carácter estratégico en términos de desarrollo social y económico, valorar su estatus social y educativo, actualizar sus modelos institucionales y estrategias de intervención aproximándola a estándares internacionales de calidad.
La Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005, expresa tales políticas a través de la creación de tres instrumentos de regulación y de un fondo de inversión que permiten poner en acción criterios federales de unidad nacional.
Esquemáticamente:
Consiste en el análisis de planes de estudio relativos a titulaciones técnicas o certificados de formación profesional y su evaluación comparativa con un conjunto de criterios básicos y estándares indicados como referencia para cada uno de ellos, a efectos de establecer su correspondencia. Los marcos de referencia enuncian el conjunto de los criterios básicos y estándares que definen y caracterizan los aspectos sustantivos a ser considerados en el proceso de homologación de los títulos o certificados y sus correspondientes ofertas formativas, brindando los elementos necesarios para llevar a cabo las acciones de análisis y de evaluación comparativa antes señaladas.
El Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP) es la instancia de inscripción de las instituciones que emiten títulos y certificados de Educación Técnica Profesional que presentan cada una de las jurisdicciones provinciales y universidades nacionales. El RFIETP contiene los datos básicos de establecimiento (nombre de la institución, dirección, localidad, departamento, teléfono, director, entre otros), e información referida sus los planes de estudio (títulos, cantidad de horas taller en la semana, cantidad de matriculados, de secciones, entre otras); Esta información resulta de insumo para:
  1. Diagnosticar, planificar y llevar a cabo planes de mejora que se apliquen con prioridad a aquellas escuelas que demanden un mayor esfuerzo de reconstrucción y desarrollo
  2. Fortalecer a aquellas instituciones que se puedan preparar como centros de referencia en su especialidad técnica y
  3. Alcanzar en todas las instituciones incorporadas los criterios y parámetros de calidad de la educación profesional acordados por el Consejo Federal de Cultura y Educación (Ley Nº 26.058/2005, Capitulo IV, Artículo Nº 34). El Registro funciona entonces como insumo para la evaluación de los programas de fortalecimiento institucional que presentan las instituciones educativas al INET en el marco de los planes de mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional
Tiene como propósito garantizar la inversión necesaria para asegurar el acceso a todos los ciudadanos a una educación técnico profesional de calidad en todo el territorio de la Nación Argentina. Se financia con un monto anual que no puede ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.